Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su sancochado, escabeche de pollo y, para tomar, refresco de mandarina heladito. “María, vengo impresionado con el caso del llamado ‘Rey de los ceviches’, don Javier Vargas, a quien una banda de extorsionadores le quemó su casa de dos pisos, en San Juan de Lurigancho, porque no accedió a pagarles un cupo de cinco mil dólares.
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Se sabe que los delincuentes lo llamaban desde el penal de Huaral y sabían exactamente su rutina, así como la de sus familiares. Semanas antes, incluso, asaltaron su restaurante número doce con hombres armados, por lo que decidió cerrarlo.
Todo un infierno para un emprendedor que da trabajo a cientos de personas y aporta con sus impuestos al fisco. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Cómo es posible que las bandas operen ¡desde el interior de un penal! ¿No era que los centros penitenciarios tenían bloqueadores de llamadas para evitar este tipo de extorsiones? Es la ley de la selva.
En lugar de estar gastando energía y dinero en promover una absurda Asamblea Constituyente, el Gobierno de Pedro Castillo debería enfrentar este flagelo de las extorsiones, asaltos y sicariato. Ahora seguro va a salir a decir que este tipo de delitos se combatirían mejor con una nueva Constitución. Una ridiculez por donde se le mire.
Tienen que trabajar con inteligencia, como se hizo con la captura de Abimael Guzmán hace ya treinta años. Hay que golpear también a la corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario y en la Policía. Cómo es posible que sabiéndose que los presos siguen delinquiendo por teléfono, no hacen de inmediato una requisa o una investigación para saber por qué no funcionan los bloqueadores.
Mientras tanto, las personas honradas y trabajadoras son las que sufren, como es el caso del ‘rey del ceviche’. A este paso lo único que le quedará es vender su negocio e irse del país. La ciudadanía se siente desprotegida. No se ve autoridad. El hampa nos está desbordando y a ese paso quedaremos como la Colombia de los noventa, con Pablo Escobar, o el México actual, donde los narcos son los que mandan y han penetrado a la Policía, el Ejército, el Poder Judicial y al mismo Gobierno.
Mano dura de una vez. No podemos estar con contemplaciones y aplicando respeto a los derechos humanos de los delincuentes, quienes no respetan la vida de los demás y no dudan en matar a sus víctimas hasta por un miserable celular de mil soles. Que se unan todos: pueblo, autoridades, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público. Todos. Para de una vez enfrentar a la delincuencia y hacerla retroceder”. Mi amigo Gary tiene razón. Ya es hora de poner un alto al hampa. Me voy, cuídense.
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