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La marcha de indígenas bolivianos de tierras bajas ingresó este jueves a Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, con el objetivo de instalar un diálogo al más alto nivel con el Gobierno del país para plantear demandas que giran en torno al respeto de sus territorios y su cultura.
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La columna de la marcha llegó a la ciudad cruceña en medio del recibimiento afectuoso de muchos ciudadanos por los 37 días en los que recorrieron alrededor de 500 kilómetros desde Trinidad, en el departamento de Beni.
“¡Bienvenidos, bienvenidos!”, gritaban constantemente quienes salían de sus casas a los marchistas que atravesaron la ciudad identificándose con la bandera del Patujú, una enseña blanca en la que en el centro tiene una flor del mismo nombre rojo, amarillo y verde que representa a las etnias de tierras bajas.
Varias personas se incorporaron a la movilización en signo de apoyo por considerar de que “su causa es la de todos” y otros que desde el borde de las avenidas o desde las pasarelas aplaudían el esfuerzo de los marchistas.
Una extensa bandera del Patujú, emblema que se contrapone a la Wiphala más reconocida por los indígenas andinos aimaras y quechuas, sostenida por varios marchistas en los extremos marcó también el ingreso de la movilización a Santa Cruz en medio de los bocinazos de apoyo de los vehículos.
“Gracias a todos los residentes de todos los departamentos, no hay palabras para poder agradecer (...) Dios nos ha puesto a prueba y nos ha puesto en este camino, estamos con la fe puesta en él”, declaró a los medios el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CEPIB), Abdón Justiniano.
Caída la noche, la marcha llegó hasta la plaza principal de la ciudad donde junto al repique de campanas de la Catedral un gran grupo de personas hizo el recibimiento de los marchistas que después ingresaron a ese templo para asistir a una ceremonia religiosa.
Planteamiento de diálogo
El secretario General del denominado “Parlamento de Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia”, Miguel Ángel Valdivia, explicó que se hizo llegar una invitación al presidente del país, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, con miras a sostener un diálogo.
Lo primero es “llegar y descansar” y se prevé que en la siguiente jornada puedan “debatir con las autoridades nacionales” en instalaciones de la estatal Universidad Gabriel René Moreno.
Las peticiones giran alrededor de la defensa de los territorios indígenas, los recursos renovables y no renovables y el respeto a su identidad cultural, en varios casos marcados por costumbres propias y la influencia del catolicismo en zonas donde siglos atrás se instalaron las misiones jesuitas.
Uno de los problemas radica en el avasallamiento y creación de nuevos asentamientos ilegales en territorio indígena por parte de los llamados “interculturales”, que son grupos de indígenas andinos aimaras o quechuas que conforman asociaciones afines al Gobierno, según manifestaron.
Justamente, algunos de los dirigentes han expresado de que esa situación ha causado una tensión cultural que afecta a las tradiciones de los pueblos de tierras bajas y el riesgo de que su cultura se subsuma en la de las culturas mayoritarias andinas.
A pesar de esta demanda, el Gobierno ha señalado que es su potestad la distribución de tierras y varios de sus funcionarios han considerado de que la movilización tiene intereses políticos por una supuesta afinidad con el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho.
Precisamente, Camacho es a quien se lo señala como responsable de un “golpe de Estado” por la crisis política del país en 2019 en un proceso judicial que tiene a exmilitares y expolicías procesados, además, de la expresidenta interina Jeanine Áñez detenida hace más de seis meses en un penal en La Paz.
Esta movilización, a diferencia de otras de años anteriores en la década de 1990 y otras dos en 2011 y 2012, que se oponían a la construcción de una carretera por una reserva natural, esta vez no se dirigió a La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento, sino a Santa Cruz como una protesta a lo que consideran un modelo centralista del país.
Fuente: EFE
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