El último miércoles, una protesta contra la construcción de edificios, destinados para viviendas de interés social, que exceden la cantidad de pisos que permite el reglamento municipal, realizaron vecinos de San Isidro.
Encabezados por la alcaldesa Nancy Vizurraga, presentaron un documento ante Indecopi para que se respeten disposiciones municipales que buscan frenar el avance de los proyectos de empresas inmobiliarias.
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Vizurraga dijo que el presidente de Indecopi les indicó que él no tiene competencias ante las salas de eliminación de barreras burocráticas, donde se resuelven este tipo de casos. “Esto es un negocio de las constructoras y hay que pararlo”, dijo una vecina.
EL PROBLEMA
Todo empezó en el 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Ese año el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió un decreto supremo para arrogarse la competencia que antes tenían los municipios provinciales para definir la altura y zonificación de la Vivienda de interés social (VIS), un mecanismo orientado a reducir la brecha del déficit habitacional de la población peruana.
Alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, presentó un documento ante Indecopi para que se respeten disposiciones municipales que buscan frenar el avance de los proyectos de empresas inmobiliarias.
Indignados, distritos como Miraflores, San Isidro, Surco y San Borja protestaron, pues de la noche a la mañana empezaron a levantarse edificios de hasta 20 pisos, cuando antes solo se permitían máximo diez.
Incluso las municipalidades de Lima y Barranco llevaron el caso al Tribunal Constitucional. En 2023, esta instancia falló a favor de los municipios en cuanto a su competencia para determinar zonificación y altura.
Pero el Ministerio de Vivienda, contraatacó. Reinterpretó la sentencia del TC a favor de las constructoras. En un nuevo reglamento, planteó un justiprecio para que los edificios ganen altura. Esto, según los expertos, era como comprar ‘altura’ a las municipalidades.
ACLARACIÓN
Mientras se resolvía el tema, las empresas siguieron construyendo, argumentando además que la aclaración del TC no podía ser retroactiva.
Barranco y Lima pidieron otra aclaración al Tribunal Constitucional, que el pasado 24 de agosto precisó que su sentencia del 2023 aplicaba sobre todos los componentes de la materia, y no solo zonificación y altura.
La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) señaló que casi 400 proyectos inmobiliarios valorizados en 1,500 millones de dólares se encuentran detenidos por esta situación.
Estos han ganado a un defensor: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), al cual acudieron denunciando barreras burocráticas de los municipios que publicaron ordenanzas de paralización.
DEMANDA A SAN ISIDRO
En el caso de San Isidro, uno de los distritos más afectados, se supo que en octubre del 2023, la inmobiliaria Los Pinos demandó al municipio ante el Indecopi por impedir el desarrollo de los enormes edificios en zonas de baja densidad. Indecopi le dio la razón en marzo del 2024 y luego volvió a confirmar su decisión el pasado 18 de agosto, poco antes del fallo final del TC.
San Isidro señala que ninguna disposición del Indecopi se puede superponer a una decisión del TC.
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