Postergan en España el caso de extradición del exjuez César Hinostroza por dar positivo a COVID-19

La Audiencia Nacional de España postergó para el 12 de enero la vista de extradición del exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza, por quien la justicia peruana reclama su regreso al país por presuntamente haber sobornado a una funcionaria para huir cuando estaba siendo investigado por corrupción, al estar contagiado de COVID-19.

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Según informó la agencia EFE, el tribunal accedió a la petición formulada este miércoles al comienzo de la vista por César Hinostroza, al alegar que está enfermo por coronavirus, por lo que comparecía por videoconferencia en lugar de ir a la sede judicial, porque está confinado en su domicilio.

Luego de rechazar entregarse a la justicia peruana, Hinostroza aseguró que se encontraba disminuido para hablar correctamente, sin ánimo suficiente ni condiciones de concentrarse, por estar medicado.

Tanto el fiscal como la abogada del Estado de Perú se opusieron al aplazamiento, ya que en este tipo de procedimientos la intervención del reclamado es mínima, pues el peso de sus alegaciones recae en su letrado y en cualquier caso demostró con sus palabras que estaba en condiciones de comparecer.

Sobre Hinostroza pesa ya una primera entrega a Perú, acordada por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso conocido como “Los cuellos blancos del Puerto”, donde se le imputa haber liderado una red de favores en la que habrían participado políticos y empresarios y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia.

En la nueva petición de extradición cursada por Perú Hinostroza está reclamado por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de la localidad peruana de Tumbes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él, cuando estaba investigado por el citado caso, y poder huir de Perú.

Unos hechos que podrían constituir un delito de cohecho penado de dos a cuatro años de cárcel, según indica la Fiscalía en el escrito que apoya la entrega.