El Poder Judicial ordenó la reincorporación de la magistrada Zoraida Ávalos al cargo de fiscal suprema titular del Ministerio Público al declarar fundada su demanda contra el Congreso, que en junio del año pasado la inhabilitó para desempeñar cualquier función pública durante un período de cinco años.
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“Estoy de vuelta. Mientras más grande es la tormenta, más fuerte es el resplandor del sol al amanecer”, celebró la magistrada en un mensaje difundido en X, antes Twitter.
Ávalos sostiene que su inhabilitación tuvo un “carácter político” y fue el resultado de un “canje de votos por un pacto criminal a cambio de inmunidad en las investigaciones fiscales”. Además, señaló directamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de encabezar una organización de tráfico de influencias.
Zoraida Ávalos regresa al Ministerio Público por orden del Poder Judicial.
La acusación contra Ávalos precisaba que había omitido sus funciones al suspender, hasta el término del mandato gubernamental del golpista Pedro Castillo las investigaciones sobre presunta corrupción contra el entonces presidente.
Dicha denuncia que había motivado al Congreso a inhabilitar por cinco años a la fiscal suprema, fue archivada en diciembre del año pasado por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, archivó la denuncia y concluyó que Ávalos había actuado conforme a la legalidad y aplicó un criterio interpretativo en línea con el de sus predecesores, en circunstancias similares, sin omitir ninguna acción requerida legalmente de su cargo.
Es importante señalar que la resolución de la Tercera Sala Constitucional que resuelve a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalo, declara improcedente su solicitud de anular la resolución legislativa que iniciaba un proceso penal en su contra por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
El tribunal resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso” para actuar, según competencias constitucionales, respecto a las acusaciones de infracción constitucional contra Ávalos, “garantizándole” el pleno respeto a sus derechos.
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