“Si el Poder Judicial condena a los imputados, habrá que esperar una fundamentación mejor que la que ofreció la fiscalía. Si los absuelve, quedará en evidencia lo fácil que es montar una historia inconsistente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Así escribió el mes pasado el experimentado periodista de investigación Ricardo Uceda en ‘El Comercio’, sobre la sentencia que se dictaría por el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, que se atribuía a dos actores: Sendero Luminoso (SL) y el Estado peruano (los acusados eran Vladimiro Montesinos, el grupo Colina y varios militares más).
El tiempo le dio la razón a Uceda. La semana pasada, una Sala Superior absolvió a Montesinos y a los demás acusados por no encontrar pruebas contra ellos. La sentencia pone en evidencia, una vez más, la falta de rigor y la poca objetividad de los fallos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el año 2005, la CIDH le ordenó al Estado peruano pagarles ¡250 mil dólares! a los familiares de Huilca, que atribuían ese asesinato a Montesinos y a su comparsa. Lo hizo pese a que ese caso aún estaba en investigación judicial. Además, abundaban indicios y testimonios que probaban que había sido Sendero Luminoso el que acabó con su vida, en diciembre de 1992.
Cinco senderistas que fueron detenidos confesaron su participación en el crimen y ‘El Diario’, vocero oficial de SL, celebró esa muerte. No solo eso, su misma pareja Martha Flores y su hija Flor de María Huilca –que presenciaron el asesinato– reconocieron a dos de los senderistas capturados.
Pero todo cambió en el año 1997 cuando el general EP Rodolfo Robles –que estaba enfrentado con la cúpula militar fujimorista– acusó a Montesinos y al grupo Colina de ser los autores del atentado. Al coro se sumaron dos agentes embaucadores del SIN que querían salir de prisión.
La familia Huilca aprovechó ese momento y acudió a la CIDH denunciando a los arriba mencionados. Como por arte de magia, la pareja y la hija del dirigente se olvidaron de todo lo que habían declarado. Negaron, incluso, haber reconocido a los senderistas que acabaron con la vida de su familiar.
Por si fuera poco, dijeron, sin mostrar indicio alguno, que quien participó materialmente en el asesinato fue el mayor Santiago Martin, el jefe del destacamento Colina.
La CIDH se tragó el cuento y en el año 2005 ordenó que se les pagara la cuantiosa indemnización que, es de suponer, era lo que buscaban los Huilca. Este caso es tan escandaloso que la misma Comisión de la Verdad dudó de la versión de los familiares y no se pronunció sobre los responsables del crimen.
Antes de su muerte, cuando este columnista era reportero, fue testigo que Pedro Huilca era un dirigente dialogante y enemigo de Sendero. De confirmarse la sentencia, será lamentable que su familia haya manchado su nombre por dinero. Nos vemos el otro martes.
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