La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional declaró infundadas las apelaciones a la orden de detención preliminar impuesta contra integrantes del llamado “gabinete en la sombra”.
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De esta manera, dicha instancia del Poder Judicial ratificó la medida contra Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez y Alejandro Sánchez Sánchez (prófugo dueño de la casa de Sarratea).
Cabe recordar que esta medida, que se ejecutó el 11 de octubre, concluyó con la detención de cinco personas, mientras que Sánchez Sánchez permanece en la clandestinidad y, según explicó en redes sociales, el investigado no tiene planeado ponerse a manos de la justicia.
Cinco de los seis investigados contra quienes se aprobó la detención preliminar cuestionan la resolución del juez Víctor Zúñiga Urday que admitió el pedido del Ministerio Público al considerar que el requerimiento no es proporcional y se basa en un análisis indebido de los elementos de convicción.
En tanto, de todos los investigados con mandato de detención preliminar, solo Biberto Castillo León no presentó una apelación contra la medida. Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.
En la estructura criminal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez ern los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
De acuerdo a la investigación fiscal, este grupo delictivo tuvo su origen después de la segunda vuelta electoral del año pasado. Como primer objetivo, tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”.
Una segunda etapa fue, ya con Castillo en Palacio, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales. En un tercer nivel, de acuerdo a la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021.
En una cuarta etapa de los objetivos de este presunto grupo delictivo, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso. En el quinto nivel, estaba establecer las redes de protección y encubrimiento.
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