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La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una nueva denuncia constitucionalmente contra el presidente de la República, Pedro Castillo, esta vez por aprobar un toque de queda en Lima y Callao el pasado martes 5 de abril.
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Según el documento, con esta decisión Castillo Terrones incumplió con su deber de respetar el Estado de derecho y la Constitución, como lo establece el Tribunal Constitucional (TC).
Asimismo, señala que el mandatario adoptó “medidas desproporcionadas” que terminaron “afectando los derechos fundamentales, amparados en la dicotomía sobre qué principio es el que debe prevalecer, el de autoridad o el de libertad”.
Chirinos también cuestionó que jamás se publicó la derogatoria del Decreto Supremo 034-2022-PCM, que se mantuvo vigente durante todo el 5 de abril, “impidiendo la libertad de tránsito y de reunión de la población y el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
“Finalmente, es necesario tener en cuenta que esta medida totalmente arbitraria, discrecional y desproporcionada se agrava con el hecho de que, hasta la fecha, no se ha hecho pública la motivación de la misma”, expresó.
“Esto adquiere especial relevancia en esta situación, puesto que cuando el Estado pretende limitar la libertad de los ciudadanos la decisión debe estar correctamente motivada y fundamentada, es decir, brindar una explicación clara y razonable”, añadió.
Del mismo modo, la denuncia asegura que las alarmas de saqueos y disturbios masivos en la ciudad de Lima –que según la versión del jefe de Estado justificaron la medida- resultaron ser “psicosociales azuzados por noticias falsas”.
Patricia Chirinos también cuestionó a Pedro Castillo por los seis fallecidos que dejó el paro de transportistas, por lo que lo acusó de infracción a los derechos fundamentales, al deber de estar al servicio de la nación y a los deberes primordiales del Estado.
Finalmente, la legisladora también denunció a Castillo Terrones por infracción a su prerrogativa como presidente de la República y a la prerrogativa de declarar el estado de excepción, por lo cual solicitó su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
