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El hallazgo, la semana pasada, del decreto supremo, a través del cual Pedro Castillo hacía oficial el cierre inconstitucional del Parlamento y convocaba a nuevas elecciones congresales para el 4 de junio de 2023, podría complicar aún más la situación penal del expresidente preso en el penal Barbadillo.
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El último miércoles, los fiscales Jesús Camacho y Marco Carbajal ingresaron a Palacio de Gobierno, donde realizaron una diligencia de corroboración, acompañados de peritos de informática, en el marco de la investigación por el presunto delito de rebelión y conspiración contra el ex jefe de Estado.
Durante sus actividades, en la memoria de una de las impresoras cercanas al Despacho Presidencia, hallaron este documento, el cual utiliza el informe preliminar del Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la OEA, que había estado en el Perú en noviembre 2022 para evaluar la crisis política y social, a fin de intentar justificar el golpe de Estado del 7 de diciembre último.
El documento, que fue difundido por el programa ‘Contracorriente’ de Willax TV, tiene el nombre del expresidente Castillo y dejó un espacio para su firma. El mismo incluye dos artículos. En el primero ordena la disolución del Parlamento “por vulnerar” los artículos 45, 46 y 113 (inciso 2) de la Constitución.
El artículo 45 indica que el poder del Estado “emana del pueblo” y que ninguna organización o sector “puede arrogarse el ejercicio de ese poder”, mientras el 46 establece que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”.
Y el inciso 2 del 113 es el que se refiere a la vacancia por permanente incapacidad moral.
“DOCUMENTO PERJUDICA A CASTILLO”
José Peña Julca, abogado del expresidente Castillo, señaló al diario ‘El Comercio’ que no tenía conocimiento del hallazgo del decreto supremo, pero que solicitarán acceder a este para revisar su contenido.
También refirió que si el documento es verdadero, podría perjudicar la situación legal de su patrocinado.
“Desde luego que lo perjudica, porque quedaría acreditado que las intenciones del expresidente podrían ser graves”, afirmó Peña Julca.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo al mismo medio que el decreto de supremo es una prueba que “echa por tierra” los argumentos de la defensa legal de Castillo Terrones, en el sentido, de que él no perpetró un golpe de Estado, sino dio una proclama.
“Esta es una prueba documentaria de gran relevancia, muestra que todo estaba preparado para concretar el golpe de Estado, esto destruye la tesis de la defensa y confirma la responsabilidad penal de Castillo. Esto no fue un acto disparatado o una voluntad aislada representada en la conducta del expresidente, se trató de una conspiración de Castillo y sus secuaces”, precisó Maldonado.
El ex abogado del Estado refirió que la exposición de motivos, donde se tergiversan artículos de la Constitución y se utiliza el informe preliminar de la OEA, revela que hubo “dolo”.
La abogada penalista Romy Chang sostuvo que la aparición del decreto supremo “lo que hace es evidenciar con mayor claridad” la participación de Castillo y de personas de su entorno en la preparación del golpe de Estado. “Esto le da mayor solvencia a la hipótesis del Ministerio Público de que sí hubo un acto de ejecución”, remarcó.
“No hay manera de dar un golpe de Estado ni decir todo lo que se dijo de manera negligente, hay videos que demuestran que quién daba las órdenes era Castillo, él no estaba drogado. Y el documento demuestra que era plenamente consciente de que quería romper el sistema democrático e instalar una dictadura. Aquí hubo un acto doloso, hubo planificación”, añadió Chang.
El decreto corrobora la versión de Cinthya Malpartida, periodista de TV Perú que presenció el mensaje a la Nación de Castillo.
Malpartida dijo que Betssy Chávez le comentó que lo anunciado por el expresidente iba a ser ratificado en una resolución.
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