La presidenta Dina Boluarte pretende dar clases de cómo combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero lo que debería hacer primero es poner orden y transparencia en las acciones de su ministro del Interior, Víctor Torres.
La semana pasada, arremetió contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por haber liberado a un grupo de delincuentes, la mayoría de ellos extranjeros, capturados en un búnker repleto de armas en Pachacámac.
“Si bien mi gobierno es muy respetuoso de las decisiones que toma la Fiscalía y el Poder Judicial dentro de la autonomía que la Constitución les da, no puedo dejar de señalar que decisiones como las que acabo de indicar no hacen más que perturbar el enorme esfuerzo que hacen los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria, que es la Policía Nacional”.
La mandataria, sin embargo, hasta hoy no ha explicado y menos sancionado el vil engaño a todo el país protagonizado por su ministro Víctor Torres. Me refiero a la masacre y asesinato de nueve trabajadores de la mina Poderosa, en la provincia liberteña de Pataz, por parte de delincuentes en la madrugada del sábado 2 de diciembre pasado.
Se trata de uno de los crímenes más horripilantes de los últimos años. Los asaltantes, conocidos como ‘Los Parqueros’, pretendían robar el oro extraído, pero al no poder hacerlo lanzaron explosivos dentro del socavón donde se encontraban los empleados de la mina. El túnel se vino abajo. Nadie los pudo salvar. Su muerte por ahogamiento fue instantánea.
Al día siguiente, el ministro Torres -quien gusta disfrazarse de ranger norteamericano con un uniforme que no está en el reglamento- se apareció en el lugar y anunció orondo que se había capturado a siete de los delincuentes que habían perpetrado el crimen.
¡Era falso! La más sorprendida era la fiscalía de Pataz. Horas después de ocurridos los hechos, en efecto, se había capturado a esa cantidad de personas, pero ellas no tenían relación alguna con el homicidio de los trabajadores mineros. Nada, absolutamente nada. Eran malhechores que fueron intervenidos en una barbería de la zona por tenencia ilegal de armas.
Como siempre suele ocurrir en estos escandalosos casos, todos los jefes policiales se tiraron la pelota. Todo empezó, según se ha conocido, cuando el comisario de Chagual, jurisdicción a la cual pertenece el centro minero, informó al jefe policial de La Libertad sobre esas detenciones. Y luego la cadena de errores llegó hasta el ministro Torres, quien tiene un séquito de asesores que no se dieron el trabajo de confirmar la información.
Si la mandataria Boluarte pretende dar el ejemplo de cómo combatir la delincuencia, hace rato debió mandar a su casa a dicho ministro. Lo que ocurre hasta el momento es una burla descarada hacia los deudos de los nueve mineros. ¿Algún día habrá justicia para ellos? Nos vemos el otro martes.
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