El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres consideró que todos los indicios que han sustentado la detención preliminar de Keiko Fujimori y de otras personas presuntamente vinculadas a una organización criminal no son suficientes para que se haya intervenido a la lideresa de su partido.
El parlamentario dijo esto ante elementos que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, consideró en su investigación, como las llamadas telefónicas que realizó el ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama a Jorge Barata.
"Eso puede ser un indicio para el Ministerio Público. Ellos están elaborando una hipótesis, pero si a partir de una hipótesis pueden detener gente, estamos en una situación crítica", dijo Miguel Torres en una entrevista a Canal N.
El parlamentario indicó que la fiscalía está en la obligación de investigar, pero que no había elementos para que proceda la detención preliminar que solicitó José Domingo Pérez y admitió el juez Richard Concepción Carhuancho.
"Que se estén haciendo investigaciones y se empiecen a elaborar estructuras o hipótesis es totalmente válido [...] Cuál fue la razón o no de las llamadas, es un tema aparte. Pero al margen de las hipótesis que se puedan construir, hoy por hoy no hay ninguna denuncia formalizada. La detención preventiva (de Keiko Fujimori) no se justificaba", añadió.
Miguel Torres también cuestionó la decisión de detener a Keiko Fujimori y a otras personas cercanas a Fuerza Popular luego que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciara y determinara que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, no debían permanecer bajo prisión preventiva.
"El TC ha sido bien claro y ha dicho a los jueces y fiscales que la detención debe ser residual, el último mecanismo a utilizar. No lo estén usando como si fuera cualquier cosa. Estamos hablando de la libertad de una persona y, más aún, cuando es madre y hay niños involucrados", indicó.
El congresista de Fuerza Popular concluyó reiterando que "está bien la investigación" y que el Ministerio Público haga su trabajo pero siempre respetando los derechos de los procesados. "Hay que hacerlo dentro de los lineamientos de la ley", indicó.
