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Después de la caída del golpista Pedro Castillo, el país ha concitado la atención de organizaciones internacionales que dicen “defender” los derechos humanos. Una de ellas es Amnistía Internacional (AI), institución que, en su época, tuvo un prestigio bien ganado, pero que ahora ha perdido toda imparcialidad y tiene un sesgo político de izquierda alarmante.
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El jueves pasado, Erika Guevara, directora para las Américas de AI, entregó un informe preliminar a la presidenta Dina Boluarte sobre los sucesos violentos ocurridos luego de que Castillo fuera vacado. El documento concluyó que “el gobierno usó la violencia desmedida contra los manifestantes sin respetar los derechos humanos”. “Hay indicios —agregó— de que la Policía está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”.
Es decir, en solo unas cuantas semanas, este organismo investigó, denunció, condenó y sepultó a los miembros de la Policía Nacional, y puso al régimen a la altura de las peores dictaduras del planeta. ¿Cuáles son las pruebas recogidas? Especialmente, los testimonios de los familiares de las víctimas, según la versión de la propia Érika Guevara. Es obvio que la declaración de un familiar no es la más objetiva en una pesquisa de envergadura.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía usaron de manera ilegítima armas letales, pese a que las normas internacionales prohíben el uso de armas de fuego para repeler protestas”, sostiene el documento. Pero esconde decir que los vándalos pretendían tomar aeropuertos, que son catalogados como actos terroristas, según las propias leyes internacionales.
En el informe preliminar —¡oh, sorpresa!— no se menciona el asesinato del joven policía José Soncco Quispe, quien fue quemado vivo por la turba. Tampoco la muerte de personas, entre ellas un niño, que fallecieron porque no pudieron llegar a curarse en los centros de salud, por el bloqueo de carreteras que hicieron los violentistas.
Amnistía Internacional compite en tergiversar la verdad con varios corresponsales extranjeros acreditados en el país. El viernes, en un estupendo artículo, Gonzalo Ramírez de la Torre, columnista del diario El Comercio, descubrió las mentiras de Benjamín Norton, corresponsal de la BBC.
Norton informó que las protestas contra Dina Boluarte exigen la liberación de Pedro Castillo, “preso por 18 meses sin juicio”, y que se cambie la Constitución “redactada por una dictadura”. “La narrativa que expone (Norton) es pasmosa: un presidente es derrocado y apresado sin juicio y la ciudadanía, hastiada de una Carta Magna redactada por un tirano, exige cambios frente a un régimen matón (...) Repite la versión mentirosa de la izquierda local sobre el origen de la Constitución, que en realidad fue redactada por un Congreso Constituyente elegido por elección popular (vigilada por organismos internacionales) y ratificada por vía referéndum”, dice acertadamente Ramírez de la Torre.
El periodista también desnuda el sesgo político y la poca objetividad de Julie Turkewitz, Mitra Taj y Dan Collyns, corresponsales de importantes medios extranjeros. Los mensajeros de mentiras, lamentablemente, existen en todos lados. Nos vemos el otro martes.
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