El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, tal y como había solicitado la Fiscalía de la Nación que lo investiga por presuntamente ser integrante de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.
El juez Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, confirmó esta decisión y dispuso que se notifique a la Policía Nacional y al Superintendencia Nacional de Migraciones para que se registre esta medida contra el exlegislador sindicado de cometer los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal.
Cabe recordar que en la audiencia judicial que se realizó el el 3 de agosto de manera virtual, Héctor Becerril aseguró que no tenía intención de fugar del país y que, si dictaban esta restricción en su contra, no la apelaría.
“Yo nunca en mi vida he salido del país, a pesar que he tenido múltiples oportunidades de hacerlo. Una vez que terminé mi mandato como congresista y quedé sin pasaporte diplomático, nunca he solicitado ni he hecho gestión para tener un pasaporte porque yo no quiero salir del país”, dijo.
“No tengo ninguna intención de fugarme del país. Me he presentado a todas las instancias que me han convocado [...] Si usted, señor juez, toma la decisión que tome, yo no voy a apelarla ni cuestionarla. Ese es mi compromiso de honor”, añadió.
La fiscalía considera que Héctor Becerril fungió el papel de “brazo político” que permitió que se gestionen obras a favor de la Municipalidad de Chiclayo a cambio de pagos de coimas que fueron coordinados, tanto con él como con sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril.
“Esta participación de los hermanos Becerril Rodríguez (Antonio y Wilfredo) no hubiera sido posible si no existiera un poder real que se deriva del ejercicio de la función pública de un alto cargo como ser congresista de la República. El poder no lo tenían los hermanos, el poder venía de la función congresal, de Lima. Por eso todos daban cuenta a Lima y remitían dinero a Lima y enviaban los reclamos a Lima”, indicó el adjunto supremo Luzgardo Gonzales Rodríguez en la audiencia del lunes.
