El Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio que propone interpretar la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política.
Por 74 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al documento, presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular). Posteriormente, con 80 votos a favor y 40 en contra se exoneró de segunda votación la norma.
Asimismo, con 70 votos en contra, 43 a favor y 4 abstenciones, el Pleno rechazó una cuestión previa presentada por Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) para que el dictamen retorne a la Comisión de Constitución.
Durante el debate los legisladores de Perú Libre se mostraron en contra de la propuesta por considerar que afecta el equilibrio de poderes. Incluso, Edgar Reymundo presentó un proyecto en minoría sobre el tema, que fue desestimado.
Durante su intervención en el Pleno, Patricia Juárez indicó que “no se puede permitir” que en cualquier momento se haga cuestión de confianza en aspectos que le competen al Parlamento.
El dictamen agrupa en un solo proyecto cuatro iniciativas legislativas que abordan este tema. Las propuestas recogidas son los proyectos de ley N° 003/2021-CR, N° 006/2021-CR, y N° 019/2021-CR y N° 036/2021-CR, impulsados por las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País.
¿Qué dice el dictamen aprobado?
La propuesta de interpretación de la cuestión de confianza indica que esta puede ser usada por el Ejecutivo en materias de su competencia, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.
De igual forma indica que la aprobación o no de la cuestión de confianza es comunicada expresamente al Poder Ejecutivo para que surta efecto. Sólo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión.
Cabe indicar que el Ministerio de Justicia emitió un informe en el que analizó el sustento legal de las propuestas de interpretación de la cuestión de confianza que se debatieron en la comisión de Constitución, las cuales calificó de “inviables”.