Dos más. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó denunciar de oficio a los congresistas José Arriola y Marleny Portero, ambos de Acción Popular, por el presunto recorte de sueldo a los trabajadores de sus despachos parlamentarios.
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Por unanimidad, el grupo de trabajo presidido por Karol Paredes, también de la misma bancada, dio luz verde a iniciar una indagación preliminar en contra de los dos legisladores acciopopulistas.
En el caso de Arriola, un reportaje de ‘Cuarto Poder’ reveló que en el allanamiento a la vivienda y oficina del legislador, realizada a fines de marzo, se encontró una declaración jurada de donación voluntaria firmada por Carlos Valenzuela Abanto, quien es trabajador técnico en el despacho del acciopopulista.
Dicha declaración señalaba que “sin ningún tipo de coerción” entregaba “un aporte económico solidario” por el monto de S/1323 para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza.
Arriola explicó para el dominical que no recorta el sueldo de sus trabajadores, sino que estos apoyan al despacho comprando abarrotes y productos que son donados en zonas humildes, especialmente en el distrito de Ate, donde el parlamentario ha vivido y en cuya municipalidad también ha trabajado.
CASO PORTERO
Sobre Portero, el mismo programa informó que la congresista donó unas sillas de ruedas que habrían sido compradas por trabajadores de su despacho. Al ser consultada de cómo hizo posible la donación, indicó que con sus propios recursos. Según dijo, en total adquirió cerca de 50 a 60 sillas.
Sin embargo, una de las extrabajadoras de Portero contradijo la versión de la acciopopulista. “Como te repito, yo ya no trabajo con la señora. En su momento sí, nos pidieron un apoyo y bueno”, sostuvo.
También desmintió las afirmaciones de la legisladora, quien había indicado que sus extrabajadoras compraron de manera voluntaria las sillas y que ella en ningún momento les pidió que lo hagan.
Los legisladores se suman a la lista de congresistas que se encuentran implicados en casos de recortes de sueldo y hoy son investigados tanto en el Parlamento como en sede fiscal.
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