“Me llaman loco, pero no tengo dudas de que Fuerza Popular es una organización criminal”, dijo el año pasado el fiscal José Domingo Pérez, cuando presentó la acusación contra Keiko Fujimori por el caso Los Cocteles. La acusó de haber recibido millonarios aportes en la campañas presidenciales de 2011 y 2016. Junto con ella, denunció a cuarenta personas más.
Recuerdo, como si fuera ayer, que ese día Pérez llegó con un chaleco antibalas. Le había llegado el momento que siempre soñó: ser el protagonista del caso político más emblemático del país.
Pero la semana pasada, recibió un misil que ha puesto en evidencia, una vez más, que no está capacitado para ejercer ese cargo: su vehemencia es más poderosa que la cordura y prolijidad que debe tener todo magistrado que administra justicia. El colegiado superior que veía el caso anuló el juicio oral y regresó el proceso, que ya lleva ocho años, a una etapa intermedia.
La decisión de los jueces se sustentó en un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre, excluyó a José Chlimper de dicho juicio, puesto que estaba siendo juzgado por delitos que no había sido investigado.
Como ejemplo, José Domingo Pérez lo había empezado a investigar por A, pero cuando lo denunció le agregó B, C y D, y el acusado ni lo sabía. Como era obvio, todos los procesados, también en esa igual situación, solicitaron lo mismo. A los magistrados no les quedó otra cosa que aceptar “porque los errores de la acusación (de Pérez) eran insalvables”. Aunque el fiscal ha apelado, parece que la suerte ya está echada.
No es que Keiko sea inocente y que no abunden pruebas del ‘pitufeo’ que hizo con los millones que recibió, pero cuando Pérez presentó su denuncia muchos juristas respetados advirtieron que era un mamarracho. No supo precisar, entre otras cosas, los hechos delictivos que le imputaba a cada uno de los acusados.
Pero él no es el único responsable. También el juez Raúl Zúñiga, quien debía controlar y garantizar que la denuncia de Pérez estuviera bien sustentada, pero se convirtió en su aliado y protector. En 19 oportunidades le pidió que subsanara flagrantes incoherencias, cuando la ley solo le permite hacerlo una vez. Debió archivar el caso, pero el show político debía continuar.
Hace dos semanas, tal vez avergonzado de su accionar, pidió que fuera enviado a su juzgado de origen en provincias, pero no le aceptaron.
Los magistrados que anularon el juicio fueron categóricos en señalar las responsabilidades de ambos: “El Ministerio Público (José Domingo Pérez) y el juez de investigación preparatoria (Raúl Zúñiga) han viciado el juicio y vulneraron el principio de congruencia procesal, el derecho a la defensa, el derecho a la imputación concreta y el debido proceso”.
La gran pregunta que se hacen muchos peruanos es ¿cuánto está costando este juicio que ya lleva más de ochos años? Como bien apuntó el conocido abogado Carlos Caro: “Son cientos de horas del juez, fiscales, procuradores, policías, funcionarios judiciales del INPE, abogados e imputados. Cientos de horas de gasto en infraestructura y servicios. ¿Quién paga por todo esto? ¿Quién asume el costo de este desperdicio de recursos?”. José Domingo Pérez y el juez Raúl Zúñiga no merecen seguir siendo magistrados. Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores
MÁS INFORMACIÓN:
- Huachipa: Policía rescata a 18 mujeres recluídas en clubes nocturnos por el ‘Tren de Aragua’ | VIDEO
- Cercado de Lima: Sicarios en moto acribillan a trabajador de car wash | VIDEO
- Mujer denunció por abuso sexual a presunto cabecilla de red de prostitución en el Congreso: “Es un depravado sexual”
