La congresista de Perú Democrático, , entregó su pasaporte diplomático al Parlamento con la finalidad de evadir cualquier suspicacia ante una eventual fuga del país, en el marco de la investigación en su contra tras el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022. Junto a su pasaporte, la expremier entregó un documento en donde ratificó a que se someterá a las investigaciones y a la justicia peruana.

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Hace algunos días la congresista Patricia Chirinos había enviado una solicitud formal a Migraciones, Fiscalía y al Congreso con la finalidad de que se tomen medidas preventivas para evitar que Chávez huya del país.

Documento que entregó Betssy Chávez. Foto: Congreso
Documento que entregó Betssy Chávez. Foto: Congreso

Como si se tratase de una estrategia política, la parlamentaria envió su pasaporte diplomático, mas no su pasaporte común. Esta información se confirmó a través de una constancia de recepción, del último sábado 11 a las 11:25 horas.

“El acto de entrega fue coordinado previamente por el señor Erwin R. Siccha Pérez con la Oficialía Mayor, la cual dispuso que el suscrito se encargue de la recepción y su inmediata posterior entrega a la Oficialía Mayor del Congreso de la República”, dice el documento difundido por Canal N.

Por su parte, Betssy Chávez indicó que otro documento que con la entrega de su pasaporte diplomático ratifica su compromiso de contribuir con los hechos materia de investigación, el “desvanecimiento de todo indicio y/o suspicacia” respecto a su ausencia del país y acreditando su “total sometimiento” a una probable formalización de la investigación penal.

Congreso ya había aprobado impedimento de salida de Chávez

El último viernes 10, la Comisión Permanente del Congreso aprobó solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Betssy Chávez y el exministro Roberto Sánchez Palomino (Comercio Exterior y Turismo).

Como se recuerda, ambos son investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado que perpetró el vacado expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Con 18 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó solicitar al Poder Judicial que se imponga dicha medida restrictiva contra ambos exfuncionarios, quienes fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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