Betssy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno del vacado exmandatario Pedro Castillo, fue ingresada ayer al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, también conocido como Santa Mónica, donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva en su contra, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, al aparentemente haber participado del golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.
Minutos antes de las 11 de la mañana, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó mediante su cuenta de Twitter que la expremier iría a dicha cárcel. Esta decisión fue tomada por la Junta de Clasificación del INPE.
Chávez pasó la noche del miércoles en el penal de Ancón II, donde había sido ingresada luego del control de identidad que llevó a cabo el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigida por el juez Juan Carlos Checkley.
Durante esa audiencia, Chávez solicitó ser recluida en el establecimiento penitenciario de Mujeres de Tacna, pero Checkley enfatizó que esa decisión le correspondía al INPE.
GOLPE A LA INSTITUCIONALIDAD
El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, indicó que la situación de Chávez, presuntamente involucrada en el golpe de Estado, es una situación que “golpea a la institucionalidad”.
“Los funcionarios llegamos a tener ejercicio de la representación nacional a partir de los cargos designados, pero debemos entender que esto tiene que ser en beneficio de los peruanos”, dijo.
DEBIDO PROCESO
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, enfatizó que “el juez a cargo es una persona muy versada en el derecho y tiene experiencia”, por lo que garantizó que contra la también exministra de Trabajo se “está respetando el debido proceso”.