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La Defensoría del Pueblo advirtió este viernes que si se comprueba que el etnocacerista Antauro Humala no realizó actividades para acogerse a los beneficios penitenciarios, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá evaluar la anulación de la resolución que dispuso su libertad.
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En un comunicado, solicitó a dicha institución iniciar una “investigación profunda” para determinar presuntas irregularidades ocurridas en el otorgamiento de libertad a Humala Taso, luego que se revelara que los argumentos difundidos por dicho organismo, referidos a que habría cumplido con desarrollar trabajos manuales, serían falsos.
El pedido fue hecho a través de un documento dirigido al presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Omar Méndez, en el que se advierte la gravedad de las declaraciones ofrecidas el último jueves por el exmilitar a un medio de comunicación.
En dicha entrevista, el etnocacerista informó que nunca realizó actividad alguna vinculada a trabajos o educación durante su periodo de reclusión en diferentes penales, desmintiendo de esta manera las versiones ofrecidas al Parlamento por el titular del INPE.
En efecto, durante su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, Méndez precisó que Humala Tasso desarrolló diversas labores que incluyeron proyectos con una conocida figura animada infantil, así como otros trabajos manuales.
Sin embargo, en la entrevista el mayor en retiro del Ejército niega dichas versiones, señalando que solo se dedicó a la publicación de sus libros, dejando entrever una presunta adulteración de los planillones que habrían servido como sustento para el otorgamiento de la libertad.
“Dicha situación resulta preocupante, ya que de la revisión del expedientillo de beneficio penitenciario de pena cumplida con redención por trabajo y estudio, se advierte que existe sendos planillones de educación y trabajo que acredita las actividades realizadas por el señor Humala. Sin embargo, en la entrevista mencionada afirma de manera categórica nunca haber realizado trabajo de manualidades, pintura, entre otras”, dice el documento suscrito por el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández.
En el documento, Fernández pidió que la investigación que inicie el INPE permita esclarecer los hechos denunciados, a fin de identificar y sancionar a las personas que habrían actuado de manera irregular en la libertad que se otorgó a Humala el pasado 17 de agosto, sin perjuicio de las acciones a nivel penal que podría iniciar la fiscalía.
“Además, precisó que, de corroborarse que el exreo Humala no cumplió con realizar labores o estudios de forma efectiva, tal como lo indicó él mismo en la entrevista, correspondería al INPE evaluar la declaración de nulidad de oficio de la resolución directoral por medio de la cual se dispuso su libertad, al amparo de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N.° 27444″, sentenció.
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