Todavía debe seguir respondiendo a la justicia. El Ministerio Público informó sobre el inicio de la investigación preparatoria contra el terrorista Víctor Polay Campos y otras cinco personas por los asesinatos perpetrados por el MRTA en el caso conocido como ‘Las Gardenias’ de 1989.
A través de redes sociales, detallaron que el caso estará a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad contra el cabecilla terrorista y otros seis implicados en los crímenes.
La investigación por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado considera el ataque terrorista que se produjo el 31 de mayo de 1989 contra “distintas personas que integraban la comunidad LGTBI y se encontraban presentes en el bar ‘Las Gardenias’, en la ciudad de Tarapoto (San Martín)”.
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Cabe recordar que Polay Campos cumple una condena por terrorismo de 35 años de prisión efectiva, por delitos cometidos durante fines del decenio de 1980 y principios de 1990, y se encuentra internado en la Base Naval del Callao. A partir del año 2026 podría quedar libre.
El 9 de julio de 1990 protagonizó una fuga del Penal Miguel Castro Castro junto a 47 de sus compañeros emerretistas a través de un túnel y fue recapturado en 1992.
CIDH ADMITE SU DEMANDA
Este pronunciamiento de la Fiscalía ocurre la misma semana en la que se conoció que un grupo de abogados presentó una demanda a favor de Víctor Polay Campos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano, la cual fue admitida a trámite en el 2022.
El recurso fue presentado por el exministro Javier Valle Riestra, un grupo de abogados y familiares del sentenciado terrorista del MRTA en el 2007, quienes plantean que no se respetó el debido proceso en su juicio y que no se han atendido con diligencia sus denuncias de maltratos durante su reclusión.
Así fue presentado Víctor Polay Campos tras ser capturado en 1992.
El proceso actualmente se encuentra en la CIDH a la espera de que la Procuraduría General del Estado reciba la notificación formal de que los demandantes enviaron sus observaciones para así poder enviar la respuesta correspondiente.
Esta información generó la respuesta de diversas instituciones y poderes del Estado, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, quien expresó su rechazo a la demanda de Polay ante la CIDH.
“Ni un solo sol del Erario Público será para pagar a terroristas. El dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos”, escribió la presidenta en redes sociales este viernes 1 de setiembre.
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