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El ministro del Interior, Willy Huerta, se reunió con el embajador de Venezuela en el Perú, Alexander Yáñez, para evaluar la situación legal y migratoria de los venezolanos que fueron intervenidos el pasado lunes, 8 de agosto, en la discoteca La Cabaña (San Juan de Lurigancho).
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A través de una publicación en Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) detalló que los extranjeros fueron detenidos “en flagrancia” al estar implicados en los “delitos de alteración del orden público y contra la seguridad ciudadana”.
“Durante la reunión se buscó una solución a la situación de los infractores extranjeros, siempre velando por los derechos ciudadanos y actuando en el marco de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, señaló el Mininter.
En la reunión también participaron la cónsul venezolana Vivian Alvarado; el comandante general de la Policía Nacional, Luis Vera; y el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández.
El caso
El pasado lunes, la Policía Nacional capturó a 231 personas (117 varones y 114 mujeres), que en su mayoría eran extranjeros, en la discoteca La Cabaña, ubicada en la zona de Canto Grande (San Juan de Lurigancho).
En el local, los agentes hallaron 12 armas de fuego y drogas. Los detenidos fueron llevados a la sede de la Dirincri para ser identificados e investigados.
Medidas del Gobierno
La reunión entre las autoridades peruanas y venezolanas se da un día después de que el Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para aumentar las causales de expulsión del país de los extranjeros que no respeten a la autoridad o cometan faltas o delitos.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, explicó que la medida se plantea en el contexto que la inseguridad ciudadana “preocupa”, especialmente en regiones como Lima, Callao, Trujillo, entre otros.
“Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de Migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado al margen de la ley”, expresó el jefe del gabinete ministerial.
Aníbal Torres indicó que serán expulsados los extranjeros que no acaten las “disposiciones sanitarias”, como el tema de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19).
También señaló que serán sacados del país los extranjeros que no porten su respectivo documento de identidad o que tengan en su poder armas de fuego, explosivos sin autorización, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.
El primer ministro detalló que otra causal para expulsar a un extranjero del país es que maneje y brinde servicio de delivery en moto sin el permiso de las autoridades, o conduzca vehículos sin acreditar la titularidad o la cesión de la unidad.
Torres anunció que se sancionará con una condena no menor de 3 años ni mayor de 6 años a la persona que “desobedece o resiste la autoridad legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención”.
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