Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, comunicó la determinación del Gobierno de declarar el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, ubicadas en La Libertad, por un periodo de 60 días. Durante ese periodo, estarán prohibidos los eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada con el fin de enfrentar la ola delictiva.
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“El año pasado ha habido más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Este 2024 se produce casi una muerte por día; en consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño, especialmente a las zonas más densas”, expresó el premier antes de señalar que la seguridad interna en las provincias estarán bajo la responsabilidad de la Policía Nacional (PNP), con respaldo de las Fuerzas Armadas.
“En Pataz, hemos visto con estupor cómo se ha ejecutado el sabotaje a siete torres de alta tensión, atentados con dinamita y crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro. Hemos encontrado la peor expresión [...] de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, continuó el Primer Ministro.
Jorge Chávez, Ministro de Defensa, se pronuncia sobre actos delictivos
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, mencionó que la declaración de emergencia en Pataz es sin precedentes: “A diferencia de otras [medidas], el control del orden interno pasará a manos de las FF. AA. con apoyo de la PNP, en aplicación a los decretos legislativos N.º 1095 y N.º 1136. La decisión está plenamente justificada por presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror”.
El ministro reconoció que los grupos delictivos que operan en esta provincia utilizan armas de fuego de largo alcance y superan las capacidades de la delincuencia ordinaria a la que la PNP suele enfrentarse, lo que requiere una respuesta enérgica por parte del Ejecutivo.
“Quedan notificadas las organizaciones y bandas criminales en Pataz que al Estado peruano no le temblará la mano para enfrentarlos y neutralizarlos. Ni en Pataz ni en ninguna otra parte del territorio nacional se tolerará bajo ninguna circunstancia que se produzcan actos de manera impune. En Perú no existen zonas liberadas”, expresó con firmeza.
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