SE LLEVÓ HASTA LAS PELOTAS. La Fiscalía viene investigando cómo el ahora detenido dirigente Agustín Lozano Saavedra obtuvo lo que consideran “irregulares depósitos y pagos” por parte de la Federación Peruana de Fútbol hacia sus cuentas personales y cómo realizó las transferencias. Un caso que configuraría el delito de lavado de activos, en su fase inicial.
Según los investigadores policiales y fiscales, entre setiembre de 2019 y diciembre de 2023, Agustín Lozano recibió, por concepto de remuneraciones, un total de 2 millones 528 mil 617 soles de parte de la FPF.
Para el Ministerio Público, el hecho de que Lozano haya tenido el control administrativo de la Federación le facilitó el incremento de su remuneración mes a mes.
En setiembre de 2019, Lozano Saavedra recibió su primer sueldo como presidente de la Federación de Fútbol. El monto fue de S/ 9105.40
Al mes siguiente, en octubre, el pago se triplicó a S/ 29 314.37. Ya en noviembre de 2019, su sueldo alcanzó la astronómica cifra de S/ 637 mil 121.89.
Así, en solo tres meses, Agustín Lozano recibió S/ 675 541.66, más de medio millón de soles. El 2020, el hoy detenido preliminarmente expresidente de la FPF, recibió un total de S/ 174 386 soles por concepto de sueldos. Y en 2021,S/ 231 691.50 soles por el mismo concepto, y en 2022, su remuneración anual fue de S/ 306 588.04 soles.
El año pasado, 2023, Lozano recibió un total de 1 millón 140 mil 410.15 soles. Sus sueldos más altos se registraron en enero con S/153 041.13 y en abril, con S/ 306 152.45 soles.
La dirigencia liderada por Lozano, a decir de la fiscalía, habría buscado su propio beneficio económico, lejos del objetivo de la federación de integrar a todas las bases y organizaciones de este deporte popular.
El Tercer Equipo de la Tercera Fiscalía contra la Criminalidad Organizada investiga por cinco delitos a Agustín Lozano, entre estos, el lavado de activos.
¿POR QUÉ ESTÁ DETENIDO?
Agustín Lozano está detenido en medio de una investigación fiscal por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Galácticos’, que habría realizado diversos actos delictivos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica. Se habría desempeñado como el líder de esta organización criminal y habría sido el encargado de proponer personas de su confianza para que conformen el directorio y áreas estratégicas con el objetivo de disponer del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio propio y de terceros.
Además, el titular de la FPF se habría encargado de negociaciones ilegales con 1190 Sports, conociendo que el proceso de licitación no había concluido y no tenía facultades para ello.
Otro detalle es que habría realizado la estrategia para ejecutar el contrato con 1190, a fin de doblegar la voluntad de los clubes opositores y obligarlos a que acepten el acuerdo.
En un documento del Ministerio Público, se detalla que la Federación recibe un 10 % del dinero que gana por los contratos de transmisión de partidos; pero, según la entidad, el titular de San Luis no comunicó cuánto dinero recibió de esos contratos, ni ha rendido cuentas de lo que hizo con estos montos.