Mientras el presidente Pedro Castillo y su gobierno nos distraen con medidas antidemocráticas, como la cuestión de confianza presentada el jueves por el lunático premier Aníbal Torres, los narcotraficantes y los malos jueces hacen de las suyas.
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La semana pasada se conoció un hecho gravísimo que ha generado preocupación y alarma entre las entidades que luchan contra el narcotráfico: en una audiencia que apenas duró ¡una hora y media!, el juez John Pillaca concedió libertad a Jorge Bazán Aguilar, alias ‘Gordo Tobi’, y a tres de sus compinches, quienes pretendieron enviar a Europa cerca de dos toneladas de cocaína desde la playa Punta Ballena, en Máncora.
Pillaca es el magistrado que tiene que resolver mañana el pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el presunto financiamiento ilegal del partido Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo.
La denuncia periodística —difundida por la conocida periodista Doris Aguirre, del diario ‘La República’— parece extraída de una de las ‘narconovelas’ del aclamado escritor Don Winslow.
A fines del año pasado, agentes del Grupo Orión, la unidad élite de la policía antidrogas, detectaron la salida del cargamento de cocaína desde el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). La carga llegó a Lima en junio y fue depositada en un taller de mecánica de La Victoria.
El ‘Gordo Tobi’ y sus cómplices la recibieron, la embalaron y luego se dirigieron a Máncora en una moderna camioneta. Todo estaba siendo grabado por los agentes. En el balneario, los narcos se estaban dando la gran vida esperando la llegada de una embarcación artesanal que llevaría la droga hasta altamar, en donde un buque de gran calado la transportaría a Europa.
Los policías decidieron intervenirlos y en la movilidad encontraron el alijo completo de la mercancía. Los detenidos fueron traídos a Lima y encerrados en un calabozo policial. El fiscal Miguel Cuya pidió 36 meses de prisión. La solicitud fue derivada al juez Álex Pillaca. Solo era cuestión de trámite para que fueran enviados a la cárcel. Las pruebas abundaban por todos lados: grabaciones y filmaciones de los implicados que se iniciaban en el VRAEM, llegaban a La Victoria y luego a Máncora. Y la principal prueba: las cerca de dos toneladas de cocaína.
¿Qué creen que pasó? El 18 de julio el juez Pillaca les dio libertad con restricciones. El magistrado acogió el argumento del abogado de los detenidos: ellos no fueron encontrados en posesión material de la droga.
Era tan escandalosa la liberación que, cuando el fiscal apeló ante una sala superior, los magistrados declararon nula la libertad de los procesados y ordenaron un nuevo juicio con otro juez. Pero por las puras: los narcos ya se hicieron humo y nadie los encuentra.
El juez Pillaca sigue orondo en su cargo. El poder del narcotráfico no tiene límites. Nos vemos el otro martes.
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