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La Contraloría General de la República desplegó este lunes a más de 400 auditores para supervisar in situ el estado de adquisición, almacenamiento y entrega de canastas de víveres a las poblaciones vulnerables del país que están afectadas por el aislamiento social impuesto por el gobierno a fin de frenar la propagación del coronavirus (COVID-19).
Estas operaciones se vienen realizando en Lima, Callao, Apurímac, Áncash, Ayacucho, Amazonas, Arequipa, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Loreto, Piura, Puno y San Martín, en el marco del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020, a fin de acompañar y supervisar que las municipalidades dispongan prioritariamente de esta ayuda a las familias que más lo necesitan.
En ese sentido, la Contraloría dispuso el uso obligatorio de la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” para que todos los gobiernos locales registren en línea todo el proceso relacionada a las canastas de víveres, desde su contratación hasta su entrega.
El Gobierno destinó el pasado 28 de marzo un presupuesto de S/ 213.65 millones a 1,874 municipios para adquirir productos de primera necesidad y entregar las canastas de víveres a las familias vulnerables. El monto asignado en las municipalidades provinciales y distritales varía dependiendo del número de personas de bajos recursos que vivan en su jurisdicción.
