Coronavirus Perú | El Poder Ejecutivo envió formalmente al Congreso de la República el proyecto de ley para que se le puedan otorgar facultades legislativas para emitir normas que les permitan atender la crisis del hacinamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional, tal y como lo anunciara el presidente Martín Vizcarra esta semana para combatir los contagios de COVID-19 entre reos.
El documento enviado al presidente del Parlamento, Manuel Merino, lleva la firma del jefe de Estado y del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.
El objetivo de la norma es que se le puedan delegar al Poder Ejecutivo facultades para poder legislar “en materia penal, procesal penal y penitenciaria” para que puedan establecer medidas que permitan deshacinar los penales y centros juveniles por riesgos de contagio de coronavirus.
“Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú”, precisa el texto que ingresó esta mañana al Parlamento.
Cabe recordar que, luego de un largo debate, el pleno del Congreso rechazó por mayoría los dos dictámenes que emitió la Comisión de Justicia que consideraban iniciativas del Gobierno y del Poder Judicial para permitir que reos y procesados con prisión preventiva puedan acceder de manera selectiva a medidas de excarcelación.
Esto fue cuestionado por el Gobierno y el propio presidente Martín Vizcarra. “El problema está ahí y hay que darle una solución. Hemos tomado como decisión de Gobierno, si [el Congreso] no legisla al respecto, dennos la responsabilidad y nosotros lo vamos a hacer. Aquí no se trata de lavarse las manos”, indicó el presidente en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, detalló esta semana que han fallecido 182 presos por coronavirus (COVID-19) en los 68 penales del país, con unos 1.223 casos positivos entre los internos. Además, 674 trabajadores del INPE dieron positivo, con 18 hospitalizados y 36 dados de alta. Unos 12 funcionarios, sin embargo, fallecieron producto del contagio.
Proyecto de ley en el que el Gobierno pide facultades legislativas en materia penitenciaria.
