La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó que el Poder Judicial acogió su pedido para que ocho empresas sean incluidas como terceros civilmente responsables en el proceso penal denominado “Club de la Construcción”.
En un comunicado, la Procuraduría indicó que la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, el pasado 4 de octubre, estableció que las empresas Superconcreto del Perú S.A.C, Enerjoprojekt Niskograndja S.A., Conalvías Construcciones S.A.S; Obrascon Huarte Lain S.A., Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C., CONCAR S.A., Aramayo S.A.C. Contratistas Generales (ARAMSA) y C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. (CAMESA) sean incorporadas al caso.
De esta manera, ante ante una eventual condena, estas compañías asumirán el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados.
Estas ocho empresas se suman a otras catorce compañías que ya han sido incluidas de la misma manera en el caso, a solicitud de la Procuraduría ad hoc: COSAPI S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A. (OBRAINSA), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Construcción y Administración S.A. (CASA), JOHE S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Queiroz Galvao S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A., Constructora OAS S.A., Mota Engil Perú S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A. y Andrade Gutiérrez Engenharia S.A.
Según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, los representantes de las referidas empresas habrían concertado la distribución de obras a favor de estas compañías. Estos acuerdos se realizaban a cambio del pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
