El Gobierno publicó la autorización de entrega económica, de manera excepcional y por única vez, dispuesta para los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas en noviembre y diciembre del 2020, y que serán beneficiarios de un apoyo de S/40.000 por esa pérdida.
A través del Decreto de Urgencia 067-2021, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, se indica que se trata de familiares de los ciudadanos que perdieron la vida durante las protestas ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre, y entre el 1 y 3 de diciembre del año pasado.
La entrega económica no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria, señala la norma. “Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales del personal de la Policía Nacional del Perú que participó en las movilizaciones realizadas entre el 10 y 14 de noviembre y el 1 y 3 de diciembre de 2020”, precisa.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) será la entidad encargada de entregar, por única vez, el monto de S/ 40.000, por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida. Por ello, tendrá la labor de identificar a las personas beneficiarias a través de la Secretaría Técnica del Consejo Reparaciones.
“Para el caso de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre y entre el 1 y 3 de diciembre de 2020, se consideran beneficiarios del apoyo económico a sus progenitores, quienes presentan las respectivas partidas de nacimiento ante el Minjusdh”, remarca el dispositivo legal.
El decreto -que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021- detalla que, para la entrega de la subvención económica a los deudos, el Ministerio de Justicia aprobará una lista de personas beneficiarias mediante resolución.
La norma de ayuda económica excepcional fue firmada por el presidente Francisco Sagasti. También fue refrendado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, y Economía y Finanzas.
¿Quiénes recibirán este apoyo económico?
El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la creación de una comisión multisectorial que tendría la función de hacer seguimiento a las víctimas de las movilizaciones del 10 y 14 de noviembre, las cuales se convocaron en contra del Gobierno de Manuel Merino, como también de los afectados en las protestas producidas del 1 al 3 en las que se exigió la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
Los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez fallecieron tras recibir varios impactos de perdigones por parte de la policía durante la marcha nacional del pasado 14 de noviembre.
Respecto a la cooperación de la Policía Nacional en las investigaciones de las muertes de Sotelo y Pintado, el comandante general de la PNP, el general César Cervantes Cárdenas, dijo en entrevista a El Comercio que “quedan lecciones aprendidas” y que en los últimos meses la PNP ha recibido a diferentes organizaciones que defienden los Derechos Humanos para recoger sus opiniones y mejorar la formación de los agentes PNP”.
Recordó que hay una indagación de carácter penal a cargo del Ministerio Público y otra que es administrativa y llevada a cabo por Inspectoría de la Policía Nacional.
En tanto, el joven Jorge Muñoz Jiménez, falleció el pasado 3 de diciembre durante las protestas en Chao, en la provincia de Virú (La Libertad), en contra de la Ley de Promoción Agraria.
La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó el 1 de enero del 2021 al Ministerio Público la detención preliminar del suboficial PNP José Ángel Hoyos, quien habría disparado y causado la muerte del joven Muñoz.
A través de Twitter, la institución policial señaló que, de acuerdo con las pericias iniciales, el proyectil encontrado en la víctima correspondería al arma del suboficial PNP Hoyos.
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