Armas para el Serenazgo, prohibiciones para viajar en moto y otras medidas controvertidas en debate

No hay un día sin reporte de hechos delincuenciales en nuestro país. Asesinatos perpetrados por presuntos sicarios, violentos asaltos a mano armada para arrebatar un celular y personas dopadas por delincuentes que les vacían las cuentas bancarias, entre otros.

Estos hechos se traducen en un incremento de la percepción de inseguridad ciudadana en al menos 18 regiones del país. De allí que cinco de cada 10 peruanos opinen que el gobierno de Pedro Castillo debe priorizar la lucha contra la delincuencia (encuesta de Ipsos en febrero).

Frente a esta delicada situación el Ejecutivo ha implementado medidas y propuesto otras para combatir la inseguridad ciudadana, pero estas han generado críticas y dudas sobre su efectividad.

En primer lugar se dio una declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao el pasado 2 de febrero, por un periodo de 45 días. Y recientemente el Consejo de Ministros aprobó una norma que prohíbe el tránsito de dos personas a bordo de una moto lineal, debido al incremento de asaltos con estos vehículos menores.

“Se ha aprobado el transporte en moto lineal de una persona, prohibido dos en una moto”, señaló el ministro del Interior Alfonso Chávarry tras el Consejo de Ministros del 16 de febrero último.

Chávarry, que esta por cumplir un mes en el cargo, añadió que los motociclistas tampoco podrán portar armas, así cuenten con el permiso o licencia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

No precisó entonces si la medida se daría a través de un proyecto de ley que se enviaría al Congreso o vía decreto supremo. En los días siguientes, y ante las primeras críticas, Chávarry comentó que la norma iba a tener que reglamentarse.

¿Y el derecho al libre tránsito?

Sobre esta medida la Defensoría del Pueblo ha dicho que debe basarse en criterios técnicos y solicitó al Ejecutivo que la iniciativa sea analizada en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con la finalidad de evaluar su efectividad en la lucha contra el crimen.

La Defensoría pidió al Ejecutivo que evalúe si, efectivamente, su propuesta de prohibir que las motocicletas transiten con dos pasajeros contribuirá a reducir los elevados índices de delincuencia en Lima, Callao y otras ciudades.

Caso contrario, indicaron, se afectaría el derecho al libre tránsito y otros reconocidos por la Constitución y en las normas internacionales que regulan los derechos humanos.

El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría, Carlos Fernández, opinó que “se debe apostar más bien por el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control y sanción respecto a los requisitos y normas que deben cumplirse para el uso de dichas unidades, a través de un mejoramiento de las labores de la Policía Nacional y de las municipalidades provinciales”.

La entidad recordó que el 2013 y 2017 se presentaron proyectos de ley similares que no prosperaron y que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley similar en el Congreso de la República.

Sin embargo, el ministro Chávarry continúa defendiendo la medida e insiste en que “la gente pide que dos personas no vayan en una moto”.

Para sustentar su propuesta, señaló que en Lima y Callao el 95% de los robos a mano a armada son perpetrados por dos personas a bordo de una moto lineal.

“Eso está en manos del Legislativo y ellos serán los que opinarán”, llegó a decir. Esta propuesta tiene el apoyo de alcaldes como el de Miraflores, Luis Molina.

La medida provocó que grupos de motociclistas se concentraran en el Campo de Marte, en Jesús María, para marchar contra la norma. “Soy motociclista, no delincuente”, se leía en los carteles.

Tanto la Asociación Automotriz del Perú (AAP) como la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) consideraron que la norma no resultará por varias razones.

Según Luis D’Angelo, de Asmope, esta es la tercera vez que se intenta implementar este proyecto, pero siempre fracasa por no tener sustento técnico. “El objeto del delito no es el vehículo que usan los delincuentes, sino el arma que lleva. En eso deben enfocarse las autoridades. [...] Si prohíbes que vayan dos en una moto, los delincuentes irán en cinco motos e igual te asaltarán, o irán en autos o de cualquier otra forma”, opinó.

A medida que transcurren los días, desde el Ejecutivo se van dando más alcances del tema aunque nada concreto. “Se está regulando, aclarando, porque se determinará en qué lugares álgidos de la capital se aplicará, no se extenderá a nivel nacional”, dijo Chávarry tras la última sesión del Consejo de Ministros esta semana.

Chávarry reconoció que en la selva, por ejemplo, el uso de la moto lineal es indispensable para que la población se movilice en su día a día.

Armas para serenos, ¿letales o no letales?

No solo el asunto de las motos se ha puesto en discusión, sino también -nuevamente- la posibilidad de dotar de armas a los miembros de Serenazgo.

La propuesta vino de boca del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante un encuentro con gobernadores regionales en Lima encabezado por el presidente Pedro Castillo.

En su alocución Torres reflexionó que “una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que esta armado, entonces, previa preparación y selección, los miembros del Serenazgo también deben estar armados”.

El jefe del gabinete pidió así a los gobernadores regionales que refuercen el trabajo de los serenos.

Horas después el ministro del Interior dijo que esa posibilidad debe evaluarse por ser una propuesta delicada ya que el uso de armas requiere de una capacitación especial.

[La propuesta de armar al Serenazgo] es algo que tiene que evaluarse. Es algo delicado el uso de las armas porque se tiene que pasar por exámenes, eso está en evaluación”, declaró desde Trujillo.

En el tema también ha intervenido el titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia, quien respaldó la propuesta de Aníbal Torres y dijo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estarían dispuestas a darles entrenamiento a los serenos en el uso de armas, pero precisó “no letales”.

“Es cuestión de trabajar con las municipalidades para ver de qué forma a esos Serenazgos se les puede dar un entrenamiento, para el cual las Fuerzas Armadas están totalmente dispuestas, y estoy seguro que la Policía también, en el uso de armas no letales; pero que les permita enfrentarse al delincuente que viene con una pistola o un arma de fuego”, señaló.

Tras las fuertes críticas Torres se ha defendido aseverando que “uno hace propuestas con miras en la realidad, no en la de opinólogos” y que la Policía Nacional del Perú ha sido “superada amplísimamente” por la delincuencia.

Torres también aseguró en una reunión ejecutiva con mancomunidades municipales de Lima que el estado de emergencia en Lima y Callao ha ido funcionando, pero insistió que los serenos no podrán enfrentarse a la delincuencia sin armas.

“El Serenazgo, hemos visto que no se repliega frente al delincuente porque está armado y entonces por qué no debatir sobre que también los serenos deben estar armados, (con armas) no letales. Que no se desvirtúe lo que estamos hablando. Que se debata, habrá opiniones a favor, habrá en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana”, subrayó aclarando también que su propuesta se refiere a armas no letales.

Sobre el tema el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha considerado que no es “acertado” darles armas no letales a los serenos para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país, pues una medida de esa magnitud puede “generar más violencia”.

También el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha dicho que la propuesta de Torres no tiene sustento legal, pues de acuerdo a la normativa del sistema de seguridad nacional, “la Policía tiene el monopolio del uso de la fuerza”.

Propuesta municipal con tinte xenófobo

No solo el Ejecutivo ha generado controversia con sus propuestas. El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, también lo ha hecho al anunciar una propuesta para que se restrinja temporalmente la posibilidad de realizar trabajos en mototaxi, taxi y servicio delivery a los ciudadanos extranjeros. Esto, nuevamente, debido al incremento de robos y asaltos en estos vehículos.

“Lo que estamos proponiendo y lo que voy a proponer a las bancadas (del Congreso) para efecto que haya un debate consensuado, efectivo, con datos cifras, es que temporalmente, transitoriamente se le restrinja la posibilidad de ejercer a los extranjeros actividades de mototaxi, taxi y servicio delivery”, planteó.

Paradójicamente, Paz de la Barra sí se mostró en contra de la norma que prohíbe el tránsito de dos personas a bordo de una moto lineal.

“Mi posición es en contra porque no podemos estigmatizar, no podemos trasladar el error de un Estado ausente que no tenía una política migratoria desde la época de PPK efectiva y trasladarle ese error a millones de peruanos que justamente tienen su motocicleta como un medio de transporte”, aseveró.

Entre los alcaldes que rechazan esta propuesta se encuentran el burgomaestre de Lima y los de San Luis, Ate, Miraflores y Santa Anita.

Más militares en las calles

Como cierre de discusión en la semana, el Gobierno anunció tras la última sesión del Consejo de Ministros que miembros de las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para apoyar a la Policía Nacional en el patrullaje disuasivo.

“Necesitamos en la calle patrullaje a pie. En la sesión del Consejo de Ministros he solicitado al ministro de Defensa que nos incremente mayor cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas para que ellos patrullen las calles a pie juntamente con la Policía Nacional, de manera disuasiva”, declaró el ministro del Interior.

Actualmente miembros de la Marina de Guerra ya apoyan el patrullaje policial en las calles de la Provincia Constitucional del Callao, en el marco del Estado de Emergencia.

Sobre este último anuncio de Chávarry, el exviceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, comentó al diario El Comercio que falta más claridad sobre este apoyo militar a la labor de patrullaje propio de la Policía Nacional, así como el número de militares que se destinarán para este fin.

“¿Van a intervenir ante algún hecho delictivo? ¿Darán soporte operativo y logístico? Hay funciones en el patrullaje para las que las FF.AA. no han sido formadas, por lo que hay que saber con claridad el papel que desempeñarán y si es o no oportuno”, se pregunta Zevallos.

Son varias precisiones las que se esperan entonces para los siguientes días.

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