El contrato entre el Estado y el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del Aeropuerto de Chinchero en Cusco se canceló. Esta decisión la comunicó el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien renunció hoy en medio de cuestionamientos al millonario proyecto. Estas son las seis claves que debes saber sobre las sombras en Chinchero.
1. ¿Por qué un aeropuerto en Chinchero? El actual aeropuerto Velasco Astete ya no tiene tiene capacidad para la excesiva demanda, por esta razón se optó por la construcción de un nuevo terminal aéreo en el distrito de Chinchero. Esta obra es esperada hace 40 años por los cuzqueños. El contrato se firmó en 2014 durante el Gobierno de Ollanta Humala y el consorcio Kuntur Wasi.
2. Problemas en el paraíso. “El Estado, en el momento del concurso planteó: ¿quién me pedía menos para hacer el aeropuerto y estaba dispuesto a pagar 457 millones de dólares? Y nosotros pedimos 265 millones, 200 millones menos que lo que el Estado estaba dispuesto a pagar”, contó José Carlos Balta, gerente general de Kuntur Wasi para una entrevista en Cuarto Poder.
¿Todo bien hasta ahí, no? Se eligió al consorcio que pedía menos, sin embargo la situación cambió para el 2016. Kuntur Wasi le exigió al gobierno que le pague a parte de los 265 millones invertidos, 589 millones de dólares sólo por concepto de intereses.
3. La bendita tasa de intéres ¿Por qué el Gobierno iba a terminar pagando un interés tan alto? Porque en el contrato de 2014 que se firmó entre Kuntur Wasi y la gestión de Humala no se fija una tasa de interés, lo que para algunos especialistas es entendido como que el consorcio podía fijar la tasa que le daba la gana. Es así que para 2016, la tasa de interés ascendía al 22%
4. La adenda. El exministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Martín Vizcarra, criticó la alta tasa de interés y el Gobierno de PPK se negó a pagar esta cantidad. Es así que el consorcio y el MTC realizan una adenda al contrato. Esta proponía que el Estado le pague 265 millones de dólares a Kuntur Wasi durante los 5 años que dura la obra y ya no a partir del sexto año, con el fin de ahorrar intereses.
En palabras del economista, Juan Mendoza, esto es lo que sucede: “La propuesta del Ejecutivo es yo te financio. Ya no te prestes, yo te voy a dar la plata a medida que vas avanzando el aeropuerto yo te doy la plata, lo que cambia de manera fundamental la naturaleza del contrato porque el contrato era yo te comienzo a pagar cuando termines el aeropuerto, cuando ya esté listo te empiezo a devolver lo que has invertido”. El especialista fue entrevistado para Cuarto Poder.
5. Ositran y palabras de la Contraloría. Pero no todos estaban contentos con la adenda, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Patricia Benavente, renunció tras oponerse a la evaluación del proyecto de la adenda.
Ella se opuso porque en un comienzo el Estado sólo iba a financiar el 28.6% de la obra y con esta adenda ahora se hacía cargo del 80.7%.
A pesar de esta voz en contra, la adenda se firmó el viernes 3 de febrero de 2017. La Controlaría General de la República a cargo de Edgard Alarcón formó una comisión para auditar la adenda. En el mencionado informe de Contraloría, que se presentó este lunes 22 de mayo, se encontró responsabilidad penal en 10 funcionarios estatales y un perjuicio económico para el Estado que asciende los 40 millones.
6. El contrato se suspende. El domingo 21 de mayo, Martín Vizcarra anunció que se cancela el contrato con Kuntur Wasi y que el aeropuerto si va. Un día después, este lunes 22, el vicepresidente renunció a la cartera de Transporte y Comunicaciones.
BONUS TRACK: Algunos analistas también criticaron que una de las empresas que conformaba el consorcio Kuntur Wasi, Andino Investment Holding (AIH) y la argentina Corporación América, no tuviera liquidez. Se trata de la peruana AIH, la cual fue calificada como altamente especulativa por Fitch Ratings
EL CONSORCIO SE PRONUNCIA. Mediante un comunicado, Kuntur Wasi indicó que evalúa acciones legales contra el Gobierno por la cancelación del contrato. “Ante esta situación, la empresa evaluará las acciones legales a seguir una vez haya sido formalmente notificada de esta decisión”, precisó.
